http://www.diarioregistrado.com/sociedad/74311-dictadura-y-democracia.html
La muerte del dictador Videla, más allá de lo que pueda generar en cada uno de nosotros, es un buen disparador para pensar el presente. La Argentina, hace apenas 30 años, salía de una dictadura militar que había dejado devastada a una generación de militantes, miles de desaparecidos/detenidos/asesinados, la economía desintegrada, una deuda interna y externa inmensa, el país empobrecido, una guerra contra una de las potencias mundiales… y tantísimas otras consecuencias que sería muy largo enumerar y que, muchos de los que leerán este texto, ya conocen (y si no los saben, bien podrían aprovechar la oportunidad para averiguarlo).
Fueron siete años de dictadura que marcaron a generaciones de argentinos. Una estupidez, un hombre de 52 años, como quien firma esta columna, aún hoy, y con sus derechos plenamente en vigencia, no puede salir a la calle sin documentos. Si lo hace, siente que está desnudo. ¿Por qué? Porque cuando era chico, con apenas 14 años, salía a la escuela cada mañana y el tren y el colectivo en el que viajaba era eventualmente detenido por uniformados, que lo desalojaban para identificar a cada uno de los pasajeros. Si uno no tenía su documento, terminaba detenido en una dependencia policial bajo la figura de averiguación de antecedentes.
Decíamos que la muerte de Videla era una buena oportunidad para pensar el presente.
Después de 30 años de democracia, bien o mal, el país ha ido hacia lugares virtuosos. Es un simplismo decirlo de esa manera, porque en este tiempo hubo mejores y peores momentos, pero incluso la oscura década de la exclusión menemista, fue preferible a la opresión y angustia que generaba la dictadura.
Pero hoy vemos cosas extrañas para aquellos que vivimos los gobiernos de Videla, Viola y Galtieri y del los otros genocidas.
Por ejemplo, un señor barbudo de unos 50 años, con esmoquin y moño, muestra botellas de champán en cuya etiqueta dice “Chorros”, en referencia al Gobierno Nacional, y rato cierra su programa de TV programa diciendo que lo van a levantar del aire. Insisto: no es un detalle menor que ese ser angustiado esté defendiendo la libertad (en realidad su libertad) con esmoquin y moño y maquillado como una puerta.
Una diputada de la Nación, pintada de naranja por sus sesiones de cama solar, aparece en todos los canales de televisión de un grupo mediático para decir sin ruborizarse que vivimos bajo una dictadura. Y para advertir que la República está amenazada. ¿Por qué? Porque hay leyes votadas por el Congreso que le gustan.
El mismo señor barbudo con moño se junta luego con otro señor con moño y nos dan una clase práctica de durlock y, para él, con esa puesta en escena, queda demostrado que los K son ladrones. Ah, y no se priva tampoco de llorar por la libertad de expresión, un día después, sentado en un living con un partícipe principal de las dictadura del 76, como lo fue Joaquín Morales Solá, editorialista del diario Clarín durante esos años y que, según sepamos, no hizo una sola mención de los derechos humanos o de las restricciones a la libertad de prensa en los 392 panoramas políticos de dos páginas que escribió durante esos siete años.
Otros periodistas hablan de dictadura K o dictadura KaKa (algo muy difundido entre el público opositor) sin ponerse colorados o padecer vergüenza, en momentos en que, por ejemplo, el Grupo Clarín lleva cuatro años demorando la aplicación de una ley de la democracia con diferentes argucias legales (lo que no está mal pero bastante lejos está de padecer un Estado autoritario) o que los trabajadores tienen la posibilidad de decidir en paritarias libres sus aumentos de salarios. ¿Acaso no recuerdan que pasaba con las garantías individuales o empresariales durante la dictadura o con la persecución a los trabajadores que osaban reclamar por sus derechos?
En el editorial del viernes 17 de mayo de 2013, en La Nación (página 22) se dicen frases como: “(…) hay quienes entienden la necesidad de actuar unidos frente a una gravísima emergencia institucional, en la que se ha puesto en juego a la democracia (…)” o “(…) el ya radicalizado Frente para la Victoria, conducido por su presidenta, procura insistentemente someter al Poder Judicial a sus designios (…)” o “(…) la necesidad imperiosa de presentar un frente unido contra la constante concentración de poder en la que está empeñado el Poder Ejecutivo Nacional, que lo lleva a desnaturalizar las instituciones, deformándolas al convertirlas en instrumentos útiles para obtener un poder absoluto (…)”. Son frases publicadas en el diario de hoy y no en alguno que difundido en La Nación entre 1976 y 1983.
Pero si ya uno quiere recorrer el colmo del absurdo, no hay más que leer en ess mismo editorial un párrafo que se refiere a la Ley votada por el Congreso Nacional que faculta a la Comisión Nacional de Valores a auditar a las empresas que cotizan en bolsa. Dice La Nación: “(…) Cabe recordar que esa autoritaria modificación a la ley fue aprobada en la Cámara baja con el apoyo del oficialismo, el Frente Amplio Progresista, la UCR y la Coalición Cívica. Fueron 183 votos a favor contra sólo 24 solitarios sufragios negativos”. Y concluye su explicación sobre esta norma diciendo que “(…) algunos políticos acusan al oficialismo de haber pergeñado una concentración de poder que, en los hechos, equivale a contar con la suma del poder público (…)”.
La pregunta es obvia: ¿podemos estar tan locos de pensar que una Ley votada por el Congreso, con el apoyo de 183 diputados y el acompañamiento de cuatro fuerzas políticas, puede ser antidemocrática? ¿Quién es el que atenta contra las instituciones y la República? ¿El que hace cumplir una ley de la democracia o el que se niega a respetarla?
Ya fue dicho. La muerte de Videla puede servir para poner en valor palabras como dictadura y democracia, censura y libertad de expresión y tantas otras expresiones que hoy se usan con liviandad para descalificar a un Gobierno elegido por el 54 por ciento de los argentinos. Les guste o no a las minorías políticas. Les guste o no a algunos empresarios que quieren seguir disfrutando de la impunidad más allá de la instituciones o la República.
Mariano Hamilton
