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El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso.
En 2001 se sembraron en la Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultivada. Nunca antes la soja había crecido tanto.
“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).
Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba).
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (UBA) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física.
“Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales (…) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración”, explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.
En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negada por un sector de intelectuales, políticos, comunicadores y referentes de opinión.
Las víctimas del genocidio indígena no fueron (ni son) sectores urbanos, ni clase media.
La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas. Los distintos modelos productivos del último siglo y medio (agroexportador, petrolero, forestal, minero) tuvieron como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.
Para los pueblos originarios no hubo un “nunca más”.
